Hacia fines de los años ochenta, el Perú atravesaba una profunda crisis política y económica. El desarrollo basado en el (precario) estado de bienestar que se había iniciado con impulso prometedor durante el velasquismo fue desmontado poco a poco desde el derrocamiento mismo de Velasco en 1975. Además, la interrupción de la reforma agraria había generado entre otras cosas la acción de los movimientos subversivos y el estallido de una guerra civil que había mostrado el carácter profundamente racista, violento y desigual de la sociedad peruana. Pero también asistíamos al fin de una experiencia socialista en el mundo, la del llamado “socialismo real” de la Unión Soviética y sus países aliados en Europa del Este. Fin que trajo profundos cambios en la correlación mundial de fuerzas económicas y sociales, el final de un poderoso referente socialista para los pueblos del mundo y el encumbramiento del imperialismo estadounidense como dominador absoluto de la economía mundial, el llamado mundo unipolar, el cual ya hace años está feneciendo.
Todos estos factores determinaron indudablemente también la crisis de la organización de las clases populares en el Perú, sobre todo de las organizaciones sindicales de la clase obrera, así como del campo de la izquierda peruana, que mostró sus históricas falencias y limitaciones. El sindicalismo en el Perú, que había tenido jornadas decisivas e históricas de lucha -como los paros de 1977 y 1978 que originaron la caída de la dictadura de Morales Bermúdez–, iba perdiendo fuerza y fueron las medidas legislativas neoliberales impuestas por la dictadura de Fujimori, como la constitución de 1993, los que terminaron por debilitarlo y darle su golpe de gracia, ante la drástica reducción de la población sindicalizada y el abandono del sindicalismo clasista, que había tenido su auge desde los años sesenta.
La implantación del neoliberalismo en el Perú -mediante un régimen dictatorial- significó un duro golpe para la economía y los derechos alcanzados por las clases populares durante una lucha de casi un siglo entero. Además, se afectó la organización popular, la cual no solo fue obstaculizada sino estigmatizada y perseguida. El epíteto de terrorista era señalado por las élites dominantes y sus medios de comunicación a todo intento de protesta y organización desde abajo. Y se instaló en el sentido común de amplios sectores de la pequeña burguesía e incluso de las clases trabajadoras de que organizarse colectivamente era inútil, ineficiente y que la iniciativa individual era el único camino posible para sobrevivir y –si se podía- prosperar. Sin embargo, subsistieron instituciones de resistencia del pueblo peruano, como las comunidades campesinas, comunidades nativas, diferentes organizaciones urbanas (clubes de madres, vasos de leche, comedores populares, clubes de residentes, colectivos culturales, etc.) durante los duros años noventa. Hacia finales de esa década se habían empezado a consolidar nuevas formas organizativas en el país, algunas de las cuales habían tenido sus antecedentes en décadas anteriores, pero no había tenido la importancia que estaban adquiriendo en este nuevo contexto, ante el abatimiento del sindicalismo. Por ejemplo, los frentes de defensa, frentes regionales, provinciales y locales. En el mismo sentido, en las ciudades más grandes como Lima, las organizaciones barriales y de vecinos adquirieron nueva fuerza .
El pueblo siempre encontraba maneras de resistir a la ofensiva privatista neoliberal, lo colectivo se iba abriendo paso de nuevo pues es la mejor arma que tienen las clases oprimidas para defenderse de la vida de pobreza y exclusión que les impone la burguesía. La iniciativa privada al final solo beneficia a unos pocos. Estas evidencias desmienten el cacareo que los neoliberales (y muchos posmodernos) sostuvieron durante esos años y hasta ahora, de que la organización popular había perdido para siempre su importancia histórica.
Muchos han interpretado el surgimiento de estas nuevas formas organizativas como el fin del referente clasista para entender la realidad social del país. Incluso han planteado que la dinámica de la lucha de clases ya no servía como perspectiva de análisis ni de acción política. Sin embargo, nosotros creemos que estas nuevas organizaciones en realidad expresan la recomposición de las clases en el Perú en la era neoliberal. Si bien es cierto muchas de estas organizaciones tienen un carácter pluriclasista, justamente son un resultado de la alianza que los diversos sectores oprimidos van construyendo contra los enemigos comunes: la coalición de las clases más poderosas del país. Por ejemplo, los pequeños comerciantes aliados con los campesinos minifundistas, el proletariado rural y los comuneros en los frentes de defensa. Incluso en muchos de ellos hay presencia de estudiantes y profesionales, sobre todo de las provincias. Estas instituciones representan una nueva forma de agremiar al pueblo ante los nuevos peligros: contaminación del suelo y el territorio por la gran minería, falta de acceso a los servicios y derechos básicos, poder abusivo de las empresas agroexportadoras, comerciantes intermediarios ricos, gobierno dictatorial, corrupción, narcotráfico, etc.
Por otro lado, el sindicalismo obrero no desapareció totalmente. Incluso tuvo un papel importante en la lucha contra la dictadura fujimorista. Pero, hay que resaltar que, la población sindicalizada se había reducido al mínimo (pues la población asalariada estable también había casi desaparecido) y, por su parte, la dirigencia sindical en sus principales centrales había entrado en un proceso de mero reivindicacionismo, para poco a poco volverse parte funcional del modelo económico dominante. Son entonces las nuevas organizaciones, que representan la alianza de las clases más oprimidas, las que asumirán el protagonismo de manera creciente y sobre todo desde el inicio del nuevo siglo en lucha frontal contra el modelo de dominación.
Las nuevas características en la lucha de clases en el Perú (y no su desaparición) son además la expresión agudizada de un problema histórico en el país -señalado incluso por el amauta José Carlos Mariátegui hace casi cien años: la contradicción estructural entre Lima y provincias, que en el fondo también expresa la contradicción entre lo andino y lo costeño. El neoliberalismo solo ha agudizado tal contradicción con la profundización del centralismo limeño y urbano costeño. Es por ello que, una vez más, son las nuevas organizaciones populares del interior del país las que asumen el liderazgo en la lucha contra el modelo económico, contra el sistema político que lo sostiene y, ciertamente, lo han hecho contra la dictadura de Boluarte-Congreso-Poder Judicial desde diciembre de 2022. Esto a comparación del retraso político del reducido sindicalismo obrero, mayormente urbano. Las clases populares provincianas han sido y son las que han sufrido la mayor opresión de la nueva estructura de dominación social y económica.
El movimiento obrero urbano y moderno en general (por ejemplo, los trabajadores mineros), a pesar de sufrir permanentemente los embates neoliberales con la precarización del trabajo, han mantenido a comparación de los mencionados anteriormente una situación de relativo privilegio en cuanto a derechos sociales. Justamente, son ellos actualmente una minoría dentro del pueblo trabajador, producto de la destrucción de la estabilidad laboral y del sindicalismo. Ya hemos señalado, además, el factor crucial de la desviación propatronal o en todo caso conciliadora de la dirigencia sindical oficial, lo que afecta la capacidad de movilización y de conciencia política de los trabajadores asalariados de base.
Sin embargo, el relativo atraso político no es un problema de toda la clase trabajadora. El proletariado rural, sobre todo el que sufre la sobreexplotación casi esclavista de las empresas agroexportadoras; los amplios sectores de trabajadores subcontratados por las “services” –tercerizados sin estabilidad laboral alguna– y en general las masas subempleadas, también componen las clases que han ganado conciencia de la necesidad de transformar el país. Pero cuando no ha podido articular un sindicalismo mínimamente sostenible (por las hostiles leyes contra la organización obrera) han optado por adherir a las organizaciones pluriclasistas populares como frentes de defensa, comités populares, etc. Son estos sectores de trabajadores asalariados más golpeados los que -junto con los pequeños comerciantes- engrosan las nuevas organizaciones barriales de las ciudades, las cuales poco a poco se van sumando al clamor del pueblo rural y provinciano contra el sistema neocolonial peruano y sus esbirros políticos.
¿Y cómo se ha expresado toda esta nueva dinámica social y política en el contexto de la dictadura de Boluarte e incluso desde la asunción del gobierno del profesor Pedro Castillo? Es esta una coyuntura que ha mostrado de manera impresionantemente abierta las contradicciones históricas -recientes y antiguas- del proceso peruano. Pero también se han evidenciado con especial elocuencia las contradicciones al interior de las fuerzas del campo popular y de izquierda. Una izquierda oficial o tradicional y una dirigencia sindical antigua incapaces de entender y menos aún de asumir en toda su dimensión los cambios que se estaban produciendo y todas las rupturas que el pueblo movilizado estaba operando. Así, en la movilización contra la dictadura que se convirtió en un verdadero estallido social generalizado, en una insurrección popular desde las regiones del sur hasta Lima, fueron las nuevas organizaciones descritas en este artículo las que asumieron el protagonismo y una conducción, hasta cierto punto descoordinada, pero colectiva y masiva.
Las bases superan a quienes se consideraban sus dirigentes oficiales y plantean las consignas más radicales contra el gobierno usurpador y contra el statu quo político. Estas bases son sobre todo campesinado, autoempleados y pequeños comerciantes provincianos o de las zonas marginales de las ciudades, estudiantes, algunos profesionales o sectores medios del interior del país, organizaciones de mujeres y de pobladores, pueblos indígenas (básicamente hasta ahora de las comunidades nativas de la selva central) artistas populares, obreros rurales de la costa. Las clases oprimidas que participan en esta variopinta alianza, en cada caso, muestran a los más severamente golpeados por treinta años de neoliberalismo y que además han podido organizarse al margen de las dirigencias tradicionales.
Este pueblo, movilizado desde el mismo 07 de diciembre de 2022, ha venido configurando una vocación de organización mayor y de lucha eminentemente política y ya no solo social o reivindicativa. Lo primero se concretó en diversos frentes, comités y coordinadoras de alcance macrorregional o nacional, por ejemplo, la conformación en febrero de 2023 del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú-CONULP. Lo segundo se concretó asumiendo un norte claro de objetivos, siendo el principal el proceso popular constituyente, en el cual justamente el pueblo pueda ir asumiendo la rienda de sus destinos mediante el ejercicio de la democracia directa, con miras a refundar el país sobre nuevas bases. Las reivindicaciones locales, regionales o sectoriales se integran en los objetivos nacionales de erradicar el neoliberalismo y desmontar el capitalismo neocolonial, dependiente y primario exportador, con profundas aspiraciones de justicia social e igualdad.
A pesar del sabotaje de las viejas dirigencias, sobre todo limeñas, ambos procesos de organización y politización avanzan de manera sostenida, y cada una de las oleadas de protesta -las primeras protestas regionales en diciembre de 2022, y las tres tomas de Lima– han venido esclareciendo al pueblo movilizado sobre la naturaleza del régimen dictatorial, sobre el proceso de dominación neoliberal y del imperialismo en el país, sobre el papel de cada sector político (incluyendo el papel de la izquierda oficial y parlamentaria) y sobre la necesidad de cumplir sus objetivos, además sobre cuál es la manera viable de conseguirlos, mediante la restitución del presidente Castillo y la reforma de todo el aparato estatal en decadencia.
La claridad de los objetivos políticos que las clases más oprimidas en el Perú actual los lleva a plantearse la cuestión y la necesidad de la lucha por el poder. La elección del presidente Castillo en junio de 2021 de alguna manera expresaba esta vocación de poder. En el contexto de la dictadura fascista y mafiosa actual, se plantea también como el ejercicio de la democracia directa en las asambleas populares que se han venido produciendo de forma masiva y generalizada, sobre todo en Puno y el sur del país. Tanto en el ámbito local y provincial, como en las asambleas de la macrorregiones sur, norte y centro. Y con los comités de lucha unitarios: CONULP, CONALREP, Consejo Plurinacional del Tawantinsuyo, etc.
La dictadura se aferra al poder luego de ocho meses, de manera ilegal, violenta y con una casi nula legitimidad (como no se había visto hacía tiempo en ningún otro gobierno). Los golpes represivos y mediáticos a la organización popular tienen como resultado, sin embargo, esclarecer más la conciencia del pueblo movilizado, sumar a más sectores a la lucha y que se vaya ampliando y profundizando el ejercicio del poder popular, preparando mejor las condiciones para que el pueblo asuma las riendas de la refundación de la Patria, cuyo primer gran eslabón es la convocatoria a la Asamblea Popular Constituyente, como lo proclamó el presidente Pedro Castillo en su discurso del 07 de diciembre.