Las compras públicas que realizaron cinco países latinoamericanos para abastecerse de medicamentos básicos en el tratamiento de trastornos mentales y afectivos fueron adjudicadas sin concurso público, a proveedores únicos o favoreciendo a empresas con malas prácticas corporativas. Un equipo liderado por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción, en el que participaron OjoPúblico (Perú), LaBot (Chile), Ojoconmipisto (Guatemala), la diaria (Uruguay), PODER (México) y La Nación (Argentina), accedió y analizó los contratos de venta que se suscribieron entre 2017 y 2021 a favor de un reducido grupo de compañías, y el escaso presupuesto que destinan estos seis gobiernos para atender la salud mental de su población.
Las huellas de la Covid-19 en la salud mental se ven reflejadas en las graves secuelas neurológicas que padecen algunos sobrevivientes, y en el incremento de la prevalencia de la ansiedad y depresión, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) creció 25% en el primer año de pandemia. El estigma hacia los trastornos de este tipo, el reducido número de profesionales, la poca inversión estatal y la dificultad para acceder a medicamentos básicos son algunas de las trabas señaladas por esta entidad para brindar una respuesta integral a las necesidades de la población.
En este contexto, la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) analizó los presupuestos destinados a cuidar la salud mental en algunos países de la región, y realizó pedidos de acceso a la información pública para conocer la inversión que se destinó a las compras de psicofármacos entre 2017 y 2021. Como resultado de ello, se identificó el uso frecuente de adjudicaciones sin competencia, procesos ganados por postores únicos y concursos en los que compiten subsidiarias de un mismo grupo económico.
Los documentos revisados por el equipo integrado por OjoPúblico, de Perú; LaBot, de Chile; Ojoconmipisto, de Guatemala; la diaria, de Uruguay; PODER, de México, y La Nación, de Argentina también permitieron conocer la distribución de recursos asignados al tratamiento de afecciones mentales y detectar una concentración de autorizaciones para vender los medicamentos, además de contratos con compañías sancionadas por malas prácticas corporativas.
ADJUDICACIONES SIN COMPETENCIA Y CONCURSOS EN LOS QUE COMPITEN SUBSIDIARIAS DE UN MISMO GRUPO ECONÓMICO SON FRECUENTES EN LA REGIÓN”.
En Chile, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) reportó una inversión de USD 124 millones en la compra de 35 medicamentos considerados esenciales para la salud mental. En Perú, en el mismo periodo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa) destinó USD 12,7 millones para adquirir 26 tipos de fármacos, a través de compras corporativas masivas. Guatemala, por su parte, registró contratos de medicamentos por USD 1,1 millones en el Hospital de Salud Mental Federico Mora, que es el principal gestor de estas operaciones.
En el caso de Uruguay, a través del Registro Único de Proveedores (RUPE) se pudo conocer cuáles son las empresas que abastecieron al país con los 10 psicofármacos de mayor demanda, los cuales están incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Los contratos se realizaron entre marzo de 2020 y mayo de 2022, y sumaron USD 1’037.400. En México, en tanto, solo se accedió a los procesos de compra de 16 medicamentos esenciales gestionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre 2019 y 2022, por un valor de USD 2,9 millones.
En Argentina, mientras tanto, el Ministerio de Salud respondió que la Dirección de Compras y Contrataciones no contaba con procesos culminados en el periodo solicitado, excepto una licitación que está en trámite por un valor de USD 299.415, que incluye seis medicamentos. Sin embargo, la Red Palta identificó que en 2020 y 2021 el Estado argentino sí adquirió psicofármacos con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El dinero que invierte América Latina en estos medicamentos es una porción de los recursos con los que cuentan los gobiernos para atender la salud de la población con trastornos mentales, pues el gasto público se distribuye también en servicios, infraestructura y pagos de planilla. El monto que se asigna a este sector es, a su vez, una ínfima parte de los recursos que reciben los Ministerios de Salud de cada país.
El último Atlas de Salud Mental, elaborado por la OMS en 2020, revela que el promedio de inversión global para el tratamiento de las afecciones mentales es menor a USD 1 por persona en los países de bajos ingresos, y de hasta USD 52 en las economías de mayores ingresos. Según el informe, en general, el gasto gubernamental para la atención de estas enfermedades representa apenas el 2,1% de los presupuestos que se asignan cada año al sector salud.
Por ejemplo, en Chile las partidas presupuestales de este año muestran que los recursos del sector salud son de USD 13.741 millones, lo que equivale a unos USD 693 por persona, pero lo destinado a la atención de trastornos mentales es de solo USD 110 millones, lo que hace un estimado de USD 6 per cápita. En Perú, la información de los ministerios de Salud y Economía muestran que el presupuesto para la salud general es de USD 8.345 millones, en otras palabras, unos USD 378 por persona. Lo reservado para las afecciones mentales, sin embargo, suma USD 150’481.393, es decir, USD 5 por cada cada ciudadano.
EL GASTO PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL REPRESENTA APENAS EL 2,1% DE LOS PRESUPUESTOS QUE SE ASIGNAN CADA AÑO AL SECTOR SANITARIO”.
En Guatemala, según el portal del Ministerio de Finanzas Públicas, la inversión del sector salud para el 2022 es de USD 1.656 millones, por lo que se calcula en USD 94 el gasto per cápita. En México, en paralelo, los datos de la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestran que los recursos para la salud son de USD 33.178 millones, equivalente a USD 259 para cada persona. Ambos países carecen de un presupuesto específico para salud mental.
Lo mismo sucede en Uruguay, pues si bien los datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que se dispone de USD 2.158 millones para atender la salud de la población (alrededor de USD 609 por habitante), hasta la fecha no se han reservado los recursos prometidos desde 2017 en la Ley de Salud Mental (N° 19.529) para cubrir las afecciones mentales.
En Argentina, la data del Ministerio de Economía confirma que el presupuesto prorrogado que se destina a la salud es de USD 4.605 millones (USD 99,60 por cada ciudadano). Si bien este país cuenta con partidas dispersas en diferentes entidades para atender la salud mental, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha calculado que los recursos de las cuatro principales instituciones del Estado que invierten en ese rubro equivale a un gasto per cápita de USD 1,3. En más de una década no se ha logrado superar el 2,2% de este presupuesto, pese a que la Ley Nacional de Salud Mental, del 2010, indica que dicho sector debería recibir el 10% del gasto total de salud.
FUENTE: Ojo Público